La Presidencia sostiene que la falta de reglas claras y cambios de último momento justifican la decisión del mandatario, en defensa del debido proceso y la estabilidad democrática.
La decisión del presidente Rodrigo Chaves de no asistir este martes a la Asamblea Legislativa se sustenta en un principio básico de la democracia: el respeto al debido proceso y a las reglas claras del juego institucional. Así lo expone el comunicado oficial de Casa Presidencial, en el que se advierte la ausencia de un protocolo definido para la comparecencia y la incertidumbre sobre las condiciones acordadas por los diputados.
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Desde el Ejecutivo se señala que, hasta el momento, la Asamblea no comunicó formalmente los lineamientos que regirían la sesión, lo que abre la puerta a improvisaciones y modificaciones de último minuto. Este escenario —según el Gobierno— no garantiza un espacio justo ni equilibrado para el ejercicio de defensa del Presidente, y recuerda antecedentes recientes en los que se limitaron de forma severa los tiempos para argumentar, afectando el derecho a una exposición adecuada de los hechos.
Diversos análisis publicados en medios nacionales coinciden en que la confrontación política ha escalado en un contexto preelectoral, donde los gestos simbólicos pesan tanto como las decisiones de fondo. En ese marco, la Presidencia considera que asistir sin reglas claras podría prestarse a interpretaciones políticas antes que jurídicas, alimentando la polarización y desviando la atención de los temas que realmente interesan a la ciudadanía.
El comunicado también pone sobre la mesa dudas razonables sobre la disposición real del Congreso para someter a votación un eventual desafuero. La circulación de un video en el que se sugiere una estrategia para romper el quórum refuerza, a juicio del Ejecutivo, la percepción de que el proceso podría responder más a cálculos políticos que a un análisis objetivo de la legalidad.
Para el Gobierno, la decisión de no comparecer no implica evadir responsabilidades, sino evitar un espectáculo que, lejos de aportar claridad, profundice el ruido político en plena campaña electoral. Casa Presidencial insiste en que no existe evidencia de transgresión a la ley ni a la Constitución, y que el respeto al pueblo de Costa Rica pasa por no someter las instituciones a tensiones innecesarias.