Carlo Díaz, acompañado por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, la Defensa Pública, el Mecanismo de Prevención de la Tortura y jueces de ejecución de la pena, ingresó sin aviso previo a la megacárcel de San Rafael de Alajuela. Justicia lo acusa de montar un "show mediático" y asegura que el fiscal tuvo que ser llamado al orden varias veces por no respetar el perímetro de seguridad.

San Rafael de Alajuela. Un mes después de dejar vacía su silla en la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), el fiscal general Carlo Díaz llegó este viernes 13 de noviembre, cerca de las 10 de la mañana, a la megacárcel para una visita sorpresa de inspección.
Lo acompañaron la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank; el director de la Defensa Pública; el director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y jueces de ejecución de la pena. El objetivo declarado: verificar denuncias de familiares y organizaciones sobre presuntos malos tratos a los privados de libertad.
Una silla vacía el 14 de octubre
El CACCO fue inaugurado el 14 de octubre por la presidenta Laura Fernández. Ese día, ni el fiscal general ni los jerarcas del Poder Judicial asistieron, pese a que, según el Gobierno, fueron invitados por correo y por llamadas a la oficina de protocolo. Las cámaras de Presidencia enfocaron las sillas vacías reservadas para Díaz, el director del OIJ y los magistrados.
Díaz explicó después que se encontraba en un viaje de trabajo en República Dominicana, aunque reconoció que de igual forma no habría asistido, porque esperaba críticas del Ejecutivo sin espacio para responder. La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, justificó la ausencia de los magistrados al señalar que el sistema penitenciario es competencia del Gobierno y que su presencia podría generar recusaciones.
Curiosamente, la defensora Cruickshank sí estuvo en la inauguración.
Lo que dice haber encontrado el fiscal
A su salida, Díaz afirmó que la delegación constató situaciones que "podrían encajar" en violaciones de derechos humanos, abuso de autoridad y tortura. Según su versión, reclusos le mostraron golpes y moretones atribuidos a agentes penitenciarios, denunciaron que hay un solo médico para más de mil privados de libertad, que no tienen acceso a educación ni trabajo, y que un recluso estadounidense pidió la intervención de su embajada.

El fiscal defendió la visita sin aviso: "No tenemos que pedirle permiso a nadie; la ley nos da la facultad y la vamos a ejercer", dijo, al citar el artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La versión de Justicia
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, calificó la inspección en redes sociales como un "espectáculo mediático" y un "show politiquero". El ministro en ejercicio, Nils Ching, la llamó una "visita relámpago" sin coordinación con el sistema penitenciario, pese a que había prensa en la entrada.
El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, reconoció que esas instituciones tienen potestad para inspeccionar, pero lamentó que no se coordinara como es usual y advirtió que este tipo de ingresos alteran la operación del penal.
La directora de Adaptación Social, Lucrecia Tejada, aseguró que el fiscal recibió varios llamados de atención para mantenerse dentro del bloque de seguridad y guardar distancia de los reos. Además, acusó a la defensora Cruickshank de presuntamente gritar y amenazar a funcionarios frente a los privados de libertad. Según Justicia, el irrespeto a los protocolos puso en riesgo a los policías y a los propios visitantes