El Tribunal Supremo de Elecciones acusa al mandatario de “beligerancia política” y solicita que sea sancionado si se comprueban violaciones al deber de neutralidad electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica envió el 7 de octubre de 2025 una petición formal a la Asamblea Legislativa para que se inicie el levantamiento de la inmunidad presidencial del presidente Rodrigo Chaves, a fin de poder evaluar sanciones por posibles infracciones al régimen electoral.
El TSE fundamenta su solicitud en denuncias por beligerancia política, es decir, por supuestamente utilizar su cargo o pronunciarse sobre asuntos electorales favoreciendo intereses partidarios, lo cual está expresamente prohibido por la normativa constitucional y el Código Electoral.
En este caso, el TSE advierte que en el pasado Chaves ya había sido sancionado con la prohibición de intervenir en actos políticos desde su función pública, tras determinar que “aprovechó ilegítimamente” su posición para favorecer un proyecto político.
Aspectos legales del desafuero
Antes de iniciar un proceso sancionatorio, el TSE debe contar con el levantamiento de la inmunidad presidencial por parte de la Asamblea Legislativa.
Si la Asamblea concede el desafuero, el TSE podría aplicar sanciones que van desde la destitución del cargo hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 2 a 4 años.
Se trata de un mecanismo contemplado para garantizar que la autoridad electoral pueda actuar contra posibles violaciones al deber de neutralidad de los poderes públicos durante procesos electorales.
Relación con procesos previos
En septiembre de 2025, la Asamblea ya rechazó un primer intento de retirar la inmunidad a Chaves en un caso distinto, relacionado con una acusación de corrupción (por supuesta concusión con fondos del BCIE). En esa oportunidad no se consiguió la mayoría calificada (38 votos de 57) requerida.
Varios partidos, incluidos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), han participado en la presentación de las denuncias electorales contra Chaves.
Reacciones políticas y riesgos institucionales
Las fracciones legislativas han reaccionado de forma variada: algunas apoyan que se estudie el caso con “seriedad institucional”, mientras que otras acusan al TSE de politizar la petición.
La iniciativa del TSE se interpreta por algunos analistas como un reflejo del malestar de partidos tradicionales que han perdido terreno en algunas regiones, lo que podría generar tensión institucional si el proceso es percibido como sesgado políticamente. (Este tipo de interpretación política es habitual en espacios de opinión)
Si el Congreso no accede al desafuero, el TSE no podría avanzar con sanciones, lo que dejaría al presidente con inmunidad plena hasta el final de su mandato, pese a las denuncias presentadas.